Sin Servicios Sociales no hay Justicia Social
Desde el 17 de febrero viene celebrandose la Semana de la Justicia Social, una iniciativa a nivel estatal que en nuestro territorio impulsa Marea Naranja Sevilla y que culminará con la concentración del día 22 de febrero, a las 12:00 horas, en la Plaza Nueva, en Sevilla.
Las razones para la movilización y las acciones de información y concienciación que viene realizando este colectivo, integrado por ciudadanos, profesionales y usuarios de los servicios sociales, resultan obvias atendiendo simplemente a los eslogan que abanderan. Pero resulta necesario ahondar en datos y referencias que van más allá de la legitimación de las protestas.
Lo que más llama la atención es el desmantelamiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, coloquialmente conocida como Ley de la Dependencia. Debido a los recortes del Gobierno central, y aunque de ello se ha dicho y escrito mucho, a veces se olvida que los recortes empezaron con el "zapatazo" del PSOE que acabó plasmándose en Andalucía con una reducción de la intesidad de los servicios para las personas dependientes, y que ya había iniciado nuestra anterior Consejera en el año 2009 con una marcada reduccion de la intesidad de los servicios y de la compatibilidad de la prestaciones del sistema. A día de hoy, resulta lamentable que, entre quejas, protestas y acusaciones, no tengamos datos transparentes de las medidas efectivas y eficaces que aplica o aplicará nuestra comunidad autónoma, ni de las prioridades en las asignaciones presupuestarias, tal y como viene siendo manifiesto con las movilizaciones por el cierre de la Residencia de ancianos de Montequinto. En efecto, un asunto que aventura, como ocurre en otras Comunidades Autónomas, la dilapidación de los servicios sociales y una presumible entrega de la atención de las personas dependientes a empresas privadas. Por ello, desde hace tiempo, incluso, se habla de más de 127.000 razones para defender la Ley de la Dependencia, titular que documenta la gesta de la Iniciativa Ciudadana en Defensa de la Ley de Dependencia que llegó a recoger 127.434 firmas en Andalucía como prolegómeno de una campaña por todo el país. Sin que hayan faltado peticiones colectivas a través de internet dirigidas a titulares de los órganos de gestión para que desbloqueen los expedientes de demandantes de servicios residenciales para mayores dependientes que se encuentran paralizados.
Lamentablemente, la cuestión no se reduce a la ley de la dependencia. Pues, con la aparición de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, un nuevo invento Rajoyniano, nos enfrentamos a una una situación crítica para la continuidad del sistema público de servicios sociales en España que data de los años 80, construido sobre la base del marco constitucional, y de los Estatutos de Autonomía.
Documento: Introduccion al Sistema Publico de Servicios Sociales
Tal y como ha asegurado el Consejo General de Trabajo Social “La situación de crisis económica está produciendo un aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social que genera un incremento de la demanda de servicios y prestaciones, por ello son más necesarios que nunca los Servicios Sociales". ¡Y no nos faltan razones para asentir! Pues somos la Comunidad Autónoma más pobre de España, donde la pobreza ha aumentado el doble que en el resto del estado y un 40% de personas vivimos en el círculo de la pobreza. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha evidenciado una caída del desarrollo humano (educación, salud y bienestar), en torno al 6,4% entre 2008 y 2011, más que la media nacional.
Así mismo, el VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social (Caritas, 2013) nos alerta de un aumento de la fractura social en una sociedad vulnerable que se empobrece. y señala la incidencia de los recortes sociales en la situacion de las personas.
En concreto, los recortes en SANIDAD están provocando:
- El aumento del gasto en medicamentos
- Situaciones de desatención a la población inmigrante,
- El abandono de tratamientos médicos, especialmente por parte de las personas que sufren enfermedades crónicas y
- Miedo y estrés.
- La desprotección social de las personas,
- Retrasos y endurecimiento de los requisitos de acceso,
- Un aumento de la sobrecarga en la familia y el desarrollo de la economía sumergida y
- La reducción de la calidad de los servicios sociales públicos.
- La pérdida de la ayuda económica de los cuidadores familiares y un aumento indirecto del paro,
- El aumento de la población dependiente sin cobertura, especialmente cruento en las personas que viven solas o con una red familiar débil,
- La reducción de las prestaciones concedidas o revisadas y
- Retrasos en la valoración y en la concesión efectiva de los derechos y cuantía económica concedida
En definitiva, esta situacion constituye una sobrecarga que acaba generando situaciones de desbordamiento personal y familiar y una mayor vulnerabilidad para hacer frente a las dificultades de la vida diaria, a los problemas de salud y a la lacra del desempleo. Si a todo ello le sumamos los problemas de vivienda y los desahucios, nos encontramos con razones sobradas para articular medidas complementarias de igual o mayor calado a la propuesta de nuestra Asamblea para la defenda de la Salud Publica.
¿ NECESITAS MAS RAZONES ?
¡¡ PIDE JUSTICIA SOCIAL !!
Día 22 de febrero, a las 12:00 horas, en la Plaza Nueva, en Sevilla.
¡¡Acúde y Difunde!!
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